El Poder Ejecutivo Nacional enviará un anteproyecto de ley con una ampliación de la moratoria hoy vigente que, entre otros puntos relevantes, abarcaría a todo el universo de contribuyentes, entre ellos a las grandes empresas.
Resulta muy positiva esta decisión del gobierno nacional dentro de un escenario al cual denomino "doblemente crítico".
En primer lugar, por la recesión que padecen las grandes empresas, pymes, comercios e industrias desde el año 2017 y, en segundo lugar, a lo antedicho se le deberá adicionar las consecuencias de esta pandemia y consecuente cuarentena.
Me permito sugerir -toda vez que este anteproyecto será elevado al Congreso Nacional-, que en su oportunidad se evalúe la factibilidad de ingresar las deudas hasta el mes en que culmine la cuarentena.
Esta medida extraordinaria podría tener un alcance general o ser segmentada hacia las localidades afectadas por el covid19 (ejemplo el AMBA, y otras Provincias afectadas por coronavirus), considerando la existencia de rubros que desde hace 90 días se encuentran paralizados o trabajando parcialmente y, como todo hace prever un endurecimiento del encierro, las posibilidades que puedan reflotar sus actividades serían nulas.
Ahora bien, con estas medidas, el gobierno nacional demuestra un cambio de paradigma.
En efecto, gestiones anteriores entendieron que las denuncias penales, las presiones con las ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares al contribuyente, constituían las herramientas idóneas para lograr las metas de recaudación.
Las consecuencias están a la vista. Desde el año 2017, cientos de pymes cerraron diariamente, existiendo concursos preventivos y/o quiebras provocando desempleo y mayor índice de pobreza.
Con estas medidas, la litigiosidad pasa a un segundo plano, otorgándole al contribuyente sobreviviente a esta doble crisis una oxigenación no solo al condonar intereses y multas sino al extender el plazo para el acogimiento, como, de igual manera, el pago de la primera cuota que se efectivizaría en el mes de noviembre.
La presión adicional al contribuyente sometiéndolo a un litigio judicial es la contracara de una política óptima para recaudar impuestos.
Lamentablemente, esto no fue entendido por gestiones anteriores a la hora de recaudar, destratando al contribuyente, tal como se verá en el ejemplo siguiente, elegido al azar entre decenas de casos similares.
Más allá de este desastre que es el coronavirus, el desempleo que apareja a nivel mundial esta pandemia, y el cierre de las empresas, hoy estos empresarios siguen en pie, poseen una planta modelo con una plantilla de aproximadamente 500 empleados y esta moratoria no solo les servirá para culminar esta terrible pesadilla (ya que abonaron toda su deuda en el 2015), sino para seguir trabajando y dando empleo, toda vez que es una contribuyente que presta un servicio esencial, no suspendieron a ningún empleado como tampoco disminuyeron los salarios.
Por Marcelo H. Echevarría
Abogado (UBA) – Especialista en Derecho Penal (UB) – Autor e Investigador de Derecho Penal en Argentina y en España
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