¿Quiénes serán los nuevos alcanzados? Los asalariados y jubilados sin cargas de familia que entre enero y agosto de 2013 cobraban menos de $ 15.000 brutos ($ 12.450 netos) y que ahora perciben a partir de $ 245.444 netos anuales (un promedio mensual de $ 22.747 brutos o $ 18.880 netos), y casados que deducen a su cónyuge y dos hijos que, habiendo tenidos los citados ingresos en 2013, ahora perciben a partir de $ 325.000 netos anuales o $ 25.000 mensuales. Estas personas estaban al margen del impuesto por el decreto 1242, que ancló en los ingresos de 2013 la definición de quién tributaba y quién no, sin importar lo ocurrido después (lo cual fue una fuente de inequidades). Como los sueldos se actualizaron debido a la alta inflación, hay muchas personas que están en esta situación.

Suponiendo el caso de quien en 2013 tuvo un sueldo de $ 14.796 brutos y que ahora tiene un ingreso de $ 25.745, un estudio del Ieral, de Fundación Mediterránea, estima que la carga (antes inexistente) significará un 1,5% del sueldo bruto, un porcentaje que treparía a 4,7% si desde abril se aplicara una mejora salarial de 25%. En el primer caso, el impuesto anual sería de $ 5020, y con la suba salarial hipotética se iría a $ 17.693. Eso da descuentos promedio mensuales de $ 418 y de $ 1474, en cada caso.

Falta de actualización

Como ocurrirá también para quienes ya estaban y siguen alcanzados por el impuesto, se estima que una recomposición salarial tendrá un impacto significativo, y esto se debe a la falta de actualización de la tabla da alícuotas que define, según rangos del ingreso imponible, con qué tasa se calcula el impuesto. Al no haber actualización (desde hace más de 15 años) de los valores que ubican a cada contribuyente en un escalón o en otro, se producen saltos de alícuotas aun cuando no hay subas del poder de compra.

Al retrasar el cambio en la escala para 2017, el Gobierno decide mantener este año una fuerte inequidad porque la desactualización hace que se paguen iguales alícuotas con ingresos muy diferentes.

En el caso de los asalariados y jubilados que ya pagaban Ganancias, hay un grupo que dejará de pagar, pero como la situación es dinámica, podrían volver a quedar alcanzado con una mejora nominal de los ingresos. El Ieral ejemplifica con un caso: quien tiene un salario neto mensual de $ 17.094, si recibe un 25% a partir de abril y llega a un promedio para todo el año de $ 20.299, entonces tributará un 0,7% de su remuneración anual (un impuesto de $ 2226 al año), con lo que perderá parte de lo que consiga por su paritaria.

Quienes seguirán pagando también tendrán un alivio respecto de lo que se les iba a descontar de no mediar el decreto, cualquiera sea el nivel salarial. Esto es así porque suben los montos que se restan del salario neto para determinar (como resultado de esa resta) cuál es la cifra sobre la que se calcula el impuesto. Sin embargo, con las subas nominales de ingresos (que en algunos casos ni siquiera cubrirían la inflación), las mejoras se reducirán. Por ejemplo: para un casado y con dos hijos y un salario bruto actual de $ 40.000, el decreto permitirá que la carga baje, de 17,2 a 5,4%, pero pasaría a 9,4% si se obtiene una mejora salarial de 25%. En montos, eso significaría que el decreto reduciría la cifra anual, en principio, de alrededor de $ 89.000 a unos $ 28.000, aunque tras un ajuste salarial podría ubicarse en más de $ 59.000.